Un grupo industrial alemán apostó por la electrificación rural tras el acuerdo de paz de 2016. Después ardieron las ciudades.

El terreno

El Gobierno y las FARC negociaron cuatro años en La Habana. El acuerdo que firmaron en 2016 fue rechazado en el plebiscito de octubre por el 50,2 por ciento de quienes votaron, se renegoció y pasó al Congreso en noviembre. Municipios rurales que habían estado bajo control de grupos armados durante una generación pasaron, en el papel, a ser lugares donde una empresa podía invertir. Algunas lo hicieron. Hubo firmas que pagaron primas cafeteras a campesinos que arrancaron la coca, y que vincularon a excombatientes y víctimas del conflicto a su nómina.

La pregunta corporativa

Un gran grupo alemán de tecnología industrial, con décadas de operación en Colombia, sitúa los derechos humanos en el centro de su política de sostenibilidad. En alianza con el Gobierno nacional, ha llevado tecnologías energéticas alternativas al campo como una intervención en medios de vida. En abril de 2021 estalló el paro nacional, y las empresas con inversión social visible fueron acusadas de anteponer el capital a la cohesión social. El énfasis público de la firma se desplazó hacia la inclusión mediante la educación.

Lo que preguntamos aquí

¿Qué produce el modelo de impacto social posconflicto de una empresa tecnológica, y para quién? La encuesta mide si quienes viven en los municipios donde están los proyectos los evalúan de modo distinto a quienes viven fuera. Las entrevistas siguen la cadena de decisión desde Múnich hasta Bogotá y hasta un municipio del Meta, y preguntan en qué punto la teoría del cambio deja de tratar de la paz y pasa a tratar de la reputación.